La venganza es un plato que se sirve frío. Hace cuatro semanas publiqué en Relación de ideas una nota sobre el fallo que condenaba a Guillermo Moreno a tres años de prisión por alterar las estadísticas del Indec. Allí contaba, entre otras trapisondas del exSecretario de Comercio, que el condenado había hecho públicamente una interpretación falsa y perversa del fallo:
Como el chanta descomunal que Moreno es, salió a sobreactuar un festejo porque el último fallo, el relacionado con Indec, fue condenatorio por abuso de autoridad y por destrucción de registros públicos pero no por falsedad ideológica, como había pedido la fiscalía. Según él, eso significaba que la justicia estaba avalando las estadísticas que su gente falseó, como lo sabe absolutamente todo el mundo que haya prestado un mínimo de atención. Según Moreno, "lo que está diciendo la justicia es que las estadísticas de la década ganada, a partir de este momento, son las estadísticas de la década ganada y se terminó el debate”.
Luego, yo anticipaba en la nota lo que iría a pasar unas pocas semanas después:
El 4 de septiembre se publicarán los fundamentos del fallo y, seguramente, se verá que la discusión es si se puede considerar al índice de inflación calculado por el Indec un documento público o no, pero no hay dudas para nadie que no sea un enfermo ideologizado que desde enero de 2007 hasta diciembre de 2015 las estadísticas públicas fueron alteradas maliciosamente.
Mi nota y su difusión en las redes tuvo una rápida respuesta de los seguidores de Guillermo Moreno. Entre insultos y otras consideraciones, muchos de ellos insistían con esa línea de argumentación, fabulando que la justicia había avalado las estadísticas de la "década ganada".
Uno de los más frescos y descarados de los militantes morenistas hasta tuvo el tupé de poner en duda que yo hubiera escrito el libro sobre el Indec.
Dejé correr esos delirios sabiendo que había que esperar a que la publicación de los fundamentos del fallo me daría la razón e iba a poner a Moreno en el lugar adecuado: el de un criminal condenado por haber falseado las estadísticas públicas. Así fue. En este link pueden verificar que cada una de las cosas que les estoy contando responde al fallo.
Lo cierto es que la lectura de las 380 carillas de los fundamentos a la condena a Guillermo Moreno fueron una experiencia sencilla y grata para mí. De alguna manera, leer ese documento de la justicia era como releer mi propio trabajo ya que todo lo que se describía en Indec. Historia íntima de una estafa, libro publicado en 2010, está en esos fundamentos, con la misma secuencia argumental y cronológica solo que con un rigor jurídico implacable y una claridad poco común en la jerga judicial. Los siguientes puntos están todos desarrollados a la perfección en los fundamentos del fallo. La sucesión de hechos demostrada por el expediente es la siguiente:
En 2006, Kirchner le encomienda a Guillermo Moreno que la inflación anual no exceda el 10 %. Se crea la Secretaría de Comercio y Moreno es nombrado Secretario.
A lo largo de todo 2006, especialmente en la segunda mitad, Moreno presiona con diversos métodos, algunos francamente intimidatorios, a que el Indec le revele los comercios en donde se registran los datos para calcular la inflación. Las autoridades del Indec se resisten y dejan constancia por escrito de la irregularidad que esto implica.
Ante la resistencia de los profesionales del Instituto, en enero de 2007 se produce el desembarco de Beatriz Paglieri en el Indec. Rápidamente la cabeza directiva del Instituto es desplazada y Paglieri, sin calificaciones para la tarea, comienza a modificar la metodología con la única intención de que el índice de inflación dé más bajo de lo que iba a dar siguiendo el procedimiento habitual.
Luego de algunas discusiones puntuales (precios del pan, lechuga y turismo) Paglieri decide aplicar "topes". De acuerdo con las instrucciones de la enviada de Moreno, cuando un precio aumentaba más de un determinado porcentaje, se lo eliminaba del sistema. Eso, naturalmente, distorsionaba groseramente el índice promedio hacia abajo y no respondía a ninguna de las especificaciones de la metodología aprobada.
El IPC de enero de 2007, publicado en la primera semana de febrero debía dar 2.1% de acuerdo a la metodología habitual. Se publicó 1.1 %.
La adulteración llegó a algunas provincias. Queda demostrado que Paglieri alteró el resultado del IPC de la ciudad de Mendoza de agosto de 2007: el 3.1% que daba el sistema de cálculo fue arbitrariamente cambiado a 1.5 %.
El fallo se limita a tomar como período de estudio los seis primeros meses de 2007. En el libro se explicaba bien por qué esa decisión es razonable. Contaba yo allí que la irrupción en el Indec fue tan torpe e improvisada que durante todo ese primer semestre las huestes de Moreno dejaron sus huellas por todos lados. Es fácil saber en ese período qué número iba a dar la metodología habitual y cómo hicieron para que diera mucho menos. Una vez superado el primer semestre, la decisión fue distinta: el desembarco de las patotas cerró a cal y canto toda la actividad del Instituto y las alteraciones que fueron alcanzando otras estadísticas producidas por el Instituto, fueron escondidas cuidadosamente.
El clima vivido internamente a partir de esa decisión fue de terror: es a partir de allí donde el fallo y mi libro toman caminos diferentes. El fallo determina que el Indec mintió bajo la conducción, vigilancia y ejecución de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri. Con ese semestre le resulta más que suficiente como para tipificar los crímenes cometidos. El libro, en cambio, se mete en la vida posterior en el Instituto y cómo esa irrupción violenta alteró otras mediciones como la EPH, la medición de pobreza, el Censo Nacional Agropecuario y el Censo de Población. El clima de terror afectó desde los profesionales dedicados a su tarea hasta al discapacitado visual que atendía un kiosquito en uno de los pisos del edificio del Indec (literal).
Ahora bien, efectivamente, Moreno y Paglieri fueron condenados por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos pero no por falsedad ideológica. Como dijimos, el chanta de Moreno "dedujo" que eso implicaba que las estadísticas durante ese período estaban validadas por la justicia. Y los discapacitados emocionales de sus seguidores lo repitieron en manada.
Como anticipamos, los fundamentos del fallo explican otra cosa. Se discute el status de “documento público” entre las páginas 321 y 333 del documento que aquí compartimos. El fallo aborda el concepto de falsedad ideológica según el artículo 293 del Código Penal, que implica un documento público que presenta información falsa sin modificaciones materiales. Se argumenta que la falsedad ideológica solo puede ocurrir en documentos públicos estrictamente definidos, lo que excluye a documentos privados y algunos documentos oficiales no firmados. El tribunal concluye que los informes no cumplen con la definición de "instrumento público" del Código Penal, ya que no contienen la declaración de un funcionario y no pueden implicar falsedad ideológica. Se argumenta que, por un lado, no se considera al comunicado de prensa del Indec un “documento público” y, por el otro, que el número informado es el que sale del sistema (otro sería el cantar si el sistema dice 8 y el comunicado pone 3): la modificación viciosa del cálculo es el origen y eso fue sancionado en los otros cargos, abuso de autoridad y destrucción de registros públicos.
¿Y por qué motivos sí condena a Moreno y a Paglieri por los otros cargos? Los fundamentos son claros y describen la operatoria con claridad. Y consideran un agravante el hecho de que la acción criminal de Moreno y Paglieri derive en una pérdida de confianza en las estadísticas públicas.
Dice la fundamentación del fallo:
Puestos a analizar la naturaleza de los hechos y los medios empleados, entendemos que nos hallamos ante una maniobra de alta gravedad institucional, orquestada y ejecutada por funcionarios públicos de la máxima jerarquía del Estado Nacional. Este accionar provocó el descrédito de las estadísticas públicas debido a múltiples factores analizados a lo largo de este resolutorio: la intervención de Guillermo Moreno pretendiendo avasallar la normal actividad del INDEC, la vorágine de órdenes contrarias a derecho impartidas durante 2006, la imposición de nuevas autoridades en el INDEC desde inicios de 2007, el despido del personal de trayectoria del organismo, la implementación de métodos que priorizaban la consecución de objetivos ajenos a la actividad del instituto a costas del rigor metodológico y la transparencia funcional que demanda la actividad estadística y la notable falta de justificación y explicación de los cambios introducidos en el proceso de elaboración de los índices. (...)
En ese sentido, la extensión del daño causado es descomunal. Para los delitos que se reputan probados, en particular el del art. 255 del Código Penal, que es de resultado, hubiese alcanzado con lo que se ha descubierto en este proceso, esto es que, que con las acciones realizadas se inutilizaron los registros informáticos que debían servir para la comparabilidad de las series del IPC que elaboraba el INDEC. Sin embargo, hablamos de un daño mayor que debe ser valorado negativamente a la hora de mensurar las penas a imponer, pues las características de esas maniobras ejecutadas por funcionarios públicos de la máxima jerarquía y de gran trayectoria en la función pública condujeron al total descrédito en las estadísticas oficiales.
Para mayor claridad, entendemos que no sólo se trató de un hecho criminal que ha afectado internamente al Instituto de Estadística y Censo de la República Argentina sino que también, tal como vimos en los apartados correspondientes, tuvo una incidencia que excedió el ámbito gubernamental y alcanzó a la sociedad en su conjunto como depositante de su confianza en las instituciones públicas. (...)
Así pues, se advierte que Mario Guillermo Moreno, primero en su carácter de Secretario de Coordinación Técnica y luego de Comercio Interior de la Nación ambos cargos dependientes del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, junto con Beatriz Paglieri, en su rol de Directora de Índice de Precios al Consumo del INDEC, actuaron sin reparos para cumplir con su objetivo: mostrar a la sociedad que el gobierno había logrado una desaceleración de la inflación, pero sin importar los medios utilizados. Para ello Moreno actuó abusando de autoridad para conseguir información amparada por el secreto estadístico, cuyo acceso le estaba vedado por ley; además de pretender imponer cambios en el modo de llevar adelante la elaboración del IPC, un área sobre la cual no tenía competencia funcional alguna para intervenir.
Con las fundamentaciones del fallo se termina la última payasada de Guillermo Moreno. Sus acólitos ya no tendrán forma de defenderlo. Engañados por su líder, invocaron a la justicia para hacerle decir que las estadísticas públicas producidas entre 2007-2015 eran válidas. Ahora, con este documento queda claro que, para la justicia, lo que hizo Moreno fue un acto criminal que no sólo alteró una información esencial sino que minó la confianza de la sociedad en las instituciones. Es una discusión saldada y es hora de que los jóvenes peronistas que idealizan a este delincuente y los periodistas perezosos que lo convocan para que desarrolle su show se enteren.
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Vine hasta aquí a leer porque no me llegó al mail...lo bien que hice! una reivindicación de lo que expones desde hace años y la palmaria condena a los sinverguenzas y corruptos que quieren zafar a toda costa. De las focas aplaudidoras no voy a hablar (pobres las focas, tienen más dignidad que todos esos tarados)
Gustavo, siempre habrá- lamentablemente- gente que sostiene que lo rojo es verde, que Nisman se suicidó, que Maldonado está desaparecido, que Moreno es un prócer, etc. Son tan impunes y soberbios, y siguen teniendo tanto poder, que no hay justicia ni evidencia ni fallo que los convenza. Hay que aguantar.